El Tribunal Supremo de EE.UU. debilita la Ley de Derechos Electorales: el gerrymandering partidista alcanza su máximo histórico

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado un golpe definitivo a uno de los pilares de la Ley de Derechos Electorales (VRA), allanando el camino para que los legisladores estatales manipulen los distritos electorales con fines partidistas. La sentencia del caso Louisiana v. Callais, dictada el pasado miércoles, elimina una de las últimas herramientas legales para frenar el gerrymandering racial, una práctica que históricamente ha perjudicado a las minorías étnicas en el acceso a la representación política.

La decisión, redactada por el magistrado Samuel Alito y respaldada únicamente por los jueces conservadores del tribunal, sienta un precedente peligroso: prioriza el gerrymandering partidista sobre la protección de los derechos electorales de las minorías. Hasta ahora, la VRA obligaba a algunos estados a crear distritos adicionales donde las minorías raciales fueran mayoría, garantizando así su representación en el legislativo. Sin embargo, el alto tribunal ha anulado esta disposición, alegando que los estados no pueden ser obligados a corregir desequilibrios raciales en la composición de sus distritos.

Alito, conocido por su postura favorable al gerrymandering, ha ido aún más lejos al revivir la doctrina del caso Mobile v. Bolden (1980), que exigía a los demandantes demostrar que los legisladores actuaron con intención discriminatoria racial para violar la VRA. Aunque el magistrado niega que su fallo anule la enmienda de 1982 a la ley —que eliminó el requisito de intencionalidad—, su argumentación introduce una distinción semántica: ahora, los demandantes deberán demostrar una «fuerte inferencia» de discriminación intencional, un umbral casi imposible de superar en la práctica.

El gerrymandering partidista se impone a la protección racial

La sentencia no solo debilita la VRA, sino que también eleva el gerrymandering partidista a un nivel superior al de la propia ley. Antes de esta decisión, los tribunales examinaban con lupa los mapas electorales en estados donde los votantes se dividen claramente por raza: los blancos suelen apoyar mayoritariamente a los republicanos, mientras que las minorías votan por los demócratas. Sin la VRA, estos estados podrían dibujar distritos que minimicen la representación de las minorías, utilizando la raza como proxy para identificar a los votantes demócratas y concentrarlos en pocos distritos, dejando al partido rival con mayorías artificiales en el resto.

«La sentencia de Callais no solo elimina una herramienta clave contra el gerrymandering racial, sino que abre la puerta a que los legisladores estatales manipulen los distritos con total impunidad», explica un experto en derecho electoral. «Ahora, el partido en el poder podrá redibujar los mapas cada vez que lo considere necesario, sin temor a que los tribunales federal frenen sus abusos».

Consecuencias inmediatas y futuras

La decisión tendrá un impacto inmediato en estados como Luisiana, Texas, Georgia y Florida, donde el gerrymandering ha sido una práctica recurrente para favorecer a los republicanos. En estos territorios, los legisladores podrán ahora redibujar los distritos electorales sin restricciones, asegurando mayorías partidistas incluso cuando la demografía no lo justifique.

Además, la sentencia sienta un precedente que podría extenderse a otros casos de discriminación electoral. «Si el Tribunal Supremo permite que el gerrymandering partidista anule la VRA, ¿qué otras leyes de protección electoral quedarán en entredicho?», se pregunta un analista político. «Esta decisión no solo debilita la democracia, sino que normaliza la manipulación de los procesos electorales».

«El fallo de Callais es un retroceso de décadas en la lucha por la igualdad electoral. Los legisladores estatales ahora tienen carta blanca para excluir a las minorías de la representación política».
— Experto en derechos civiles

Mientras los defensores de los derechos electorales advierten sobre un futuro de mapas distritales cada vez más sesgados, los partidarios de la sentencia argumentan que devuelve el poder a los estados para gestionar sus propios procesos electorales. Sin embargo, críticos señalan que esta «devolución de poder» se traduce en una mayor desigualdad y polarización política.