El Tribunal Supremo de EE.UU. decidirá si los envases de Roundup deben advertir sobre el riesgo de cáncer

Desde que en 2018 la multinacional alemana Bayer adquirió Monsanto, el fabricante del herbicida Roundup, la compañía ha reservado miles de millones de dólares para hacer frente a las demandas por presuntos daños a la salud derivados de su uso. Más de 100.000 demandantes en Estados Unidos alegan que el glifosato, el principio activo de Roundup, les provocó cáncer u otras enfermedades graves.

En febrero de 2024, Bayer acordó un pago récord de 7.250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva. Sin embargo, el pasado mes de abril, el Tribunal Supremo de EE.UU. escuchó los argumentos orales en un caso que no llegó a un acuerdo: el de John Durnell, quien demandó a Monsanto en 2019 tras desarrollar un linfoma no Hodgkin que, según él, fue consecuencia de décadas de exposición al glifosato al rociar Roundup en su vecindario.

En 2023, un jurado en Missouri determinó que Monsanto era responsable por no advertir adecuadamente sobre los riesgos cancerígenos del glifosato y le otorgó a Durnell una indemnización de 1,25 millones de dólares. La empresa ha recurrido la sentencia en múltiples ocasiones, negando cualquier responsabilidad.

¿Puede un estado exigir advertencias adicionales si la EPA ya aprobó la etiqueta?

La controversia legal gira en torno a la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA), que regula la venta y etiquetado de pesticidas en EE.UU. Según esta normativa, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) es la encargada de aprobar los productos y sus etiquetas, y prohíbe que los estados impongan requisitos de advertencia distintos a los federales.

Monsanto argumenta que, al registrar Roundup ante la EPA y obtener su aprobación, la ley federal preempts (anula) cualquier normativa estatal que exija advertencias adicionales. El caso de Durnell se basa, en cambio, en una ley de Missouri que prohíbe la venta de productos peligrosos sin las debidas advertencias.

La pregunta clave ante el Tribunal Supremo es si la aprobación de la EPA sobre la etiqueta de Roundup invalida la ley estatal de Missouri. Durante los argumentos orales, los magistrados mostraron posturas divididas. La jueza Ketanji Brown Jackson cuestionó si la preemption impediría a los estados responder a nuevos estudios científicos que cuestionen la seguridad de un producto.

«¿Podríamos vivir en un mundo en el que un producto esté registrado, su etiqueta cumpla con lo que la agencia consideró apropiado en su momento, pero luego aparezca un estudio que arroje dudas sobre su seguridad antes de que la EPA deba revisarlo nuevamente?», preguntó Jackson al abogado de Monsanto, Paul Clement, quien ejerció como procurador general de EE.UU.

Clement respondió que la EPA podría actuar mediante una revisión o cancelación del registro, un proceso sujeto a revisión judicial. La jueza Amy Coney Barrett profundizó en la cuestión: «Pero, ¿podría la EPA demandar a la empresa por misbranding si no cumple con su obligación legal de actualizar la información sobre riesgos conocidos?».

Implicaciones para futuros casos y la industria

La decisión del Tribunal Supremo podría sentar un precedente crucial. Si se falla a favor de Monsanto, los estados perderían capacidad para exigir advertencias adicionales en productos ya aprobados por la EPA. Por el contrario, una sentencia que respalde la ley de Missouri reforzaría el poder de los estados para proteger a los consumidores, incluso frente a la aprobación federal.

Para Bayer, dueña de Monsanto, el fallo es vital. La compañía ya ha enfrentado más de 100.000 demandas relacionadas con Roundup y ha destinado más de 16.000 millones de dólares para cubrir acuerdos y gastos legales. Una decisión desfavorable podría reabrir miles de casos y aumentar exponencialmente sus costes.

Mientras tanto, la EPA mantiene que el glifosato no representa un riesgo cancerígeno para los humanos en las condiciones de uso aprobadas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el glifosato como «probablemente cancerígeno» en 2015, lo que ha alimentado el debate sobre la necesidad de advertencias más estrictas.