El Tribunal Supremo de EE.UU. tergiversa el racismo en el país, según experta en derecho

El pasado 1 de mayo, en el programa Right Now With Perry Bacon, emitido por The New Republic, la destacada jurista y activista Kimberlé Crenshaw —profesora en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y en la Universidad de Columbia— compartió su análisis sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. que limita aún más la aplicación de la Ley de Derechos Electorales.

Crenshaw, reconocida por su teoría de la interseccionalidad, advirtió que esta decisión judicial forma parte de una estrategia deliberada para desmantelar las bases del movimiento por los derechos civiles en el país. «Cualquiera que haya seguido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en las últimas dos décadas sabe que estamos ante un enfoque devastador y calculado», declaró.

La Ley de Derechos Electorales: un pilar en riesgo

Crenshaw explicó que la Ley de Derechos Electorales, conocida como la «joya de la corona» del movimiento por los derechos civiles, es la única normativa que garantiza resultados concretos en materia de representación política. A diferencia de otras leyes, esta actúa sobre los efectos discriminatorios, no solo sobre las intenciones. «Es como en el caso de la vivienda: prácticas como el *redlining* o las cláusulas restrictivas, aunque no sean explícitamente racistas, producen segregación. La Ley de Derechos Electorales hace lo mismo con el voto», señaló.

La experta subrayó que, tras décadas de avances, la sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a que estados como Alabama y Luisiana reconfiguren sus distritos electorales para reducir la representación de personas negras en el Congreso y en las legislaturas estatales. «Ahora que tienen luz verde, las legislaturas estatales están actuando con rapidez para imponer barreras», advirtió.

Un retroceso en la lucha contra el racismo sistémico

Crenshaw criticó que la decisión judicial ignore el contexto histórico de exclusión racial en EE.UU. y minimice el impacto de políticas que, aunque no sean abiertamente discriminatorias, perpetúan la desigualdad. «La sociedad estadounidense ha normalizado la representación negra en el poder, pero pocos reflexionan sobre el entramado de políticas y procedimientos que hicieron posible ese avance. Ahora, ese progreso está en peligro», afirmó.

Para la jurista, la sentencia refleja una negación sistemática del racismo estructural por parte de las instituciones. «El Tribunal Supremo no está interpretando la ley: está reescribiéndola para servir a intereses particulares», concluyó.