ICE exige a empresas tecnológicas identificar críticos anónimos en internet: grupos de derechos civiles exigen transparencia

El gobierno de Donald Trump, en su segundo mandato desde enero de 2025, está bajo escrutinio por presuntamente intentar identificar a críticos anónimos en internet, una acción que grupos de libertades civiles consideran una violación de la Primera Enmienda.

Dos demandas recientes buscan obligar a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a revelar información sobre el uso de citaciones administrativas para obtener datos personales de usuarios, incluidas sus identidades, sin necesidad de aprobación judicial.

Estas citaciones, conocidas como citaciones de desanonimización, han sido históricamente empleadas en investigaciones de delitos graves, como tráfico de menores. Sin embargo, empresas tecnológicas como Google, Reddit, Discord y Meta han recibido cientos de estas solicitudes en los últimos meses, muchas dirigidas a identificar a usuarios que han criticado públicamente a ICE o compartido información sobre sus operaciones, actividades protegidas por la Primera Enmienda.

El American Civil Liberties Union (ACLU) de Pensilvania presentó en febrero una solicitud de Ley de Libertad de Información (FOIA) para acceder a registros sobre estas citaciones, argumentando que el DHS está intentando «desanonimizar a usuarios de redes sociales por el contenido de sus mensajes». Hasta ahora, la agencia no ha respondido a la petición.

La demanda del ACLU se basa en dos casos recientes en los que residentes del condado de Montgomery (Pensilvania) fueron objeto de estas citaciones. Uno correspondía al administrador de las páginas de Instagram y Facebook Montco Community Watch, dedicadas a supervisar las actividades de ICE. El otro afectó a un hombre al que Google notificó que el DHS solicitaba sus datos personales tras enviar un correo a un fiscal pidiendo «sentido común y decencia» en un caso de inmigración donde un afgano corría riesgo de ser asesinado por los talibanes si era deportado. En ambos casos, el DHS retiró las citaciones tras ser impugnadas en los tribunales.

«El gobierno está tomando más libertades de las que solía», declaró Steve Loney, abogado senior del ACLU de Pensilvania, al The New York Times. «Al evitar una orden judicial para detener estas citaciones, la presión recae sobre el individuo para que acuda a los tribunales».

Según Ari Shapell, abogado del ACLU de Pensilvania, es imposible conocer el alcance real de estas citaciones inconstitucionales, ya que depende de las empresas tecnológicas informar a los usuarios afectados. «El hecho de que solo conozcamos unos pocos casos litigados no significa que no haya muchos más en la sombra», advirtió.

La Electronic Frontier Foundation (EFF), otra organización de defensa de libertades civiles, también ha presentado una demanda contra ICE y el DHS por ignorar una solicitud adicional de información. Ambas organizaciones exigen mayor transparencia y el fin de lo que consideran un abuso de poder para silenciar críticas legítimas.