El pasado sábado, The New York Times publicó un conjunto de memorandos internos del Tribunal Supremo de febrero de 2016, afirmando que la deliberación de cinco días sobre el Plan de Energía Limpia del presidente Barack Obama marcó el nacimiento del moderno 'shadow docket' o 'lista de emergencia'. Sin embargo, esta narrativa omite un precedente clave: un caso de 2013 en el que la jueza Sonia Sotomayor actuó por su cuenta para bloquear una medida ejecutiva.

Stephanie Barclay, en un análisis publicado en SCOTUSBlog, desmonta la idea de que el episodio de 2016 fue el inicio de esta práctica. Según su investigación, el primer bloqueo de una acción reguladora del poder ejecutivo mediante una orden de emergencia ocurrió en diciembre de 2013, cuando Sotomayor, como jueza del Circuito 10, emitió una orden preliminar para proteger a las Hermanitas de los Pobres de la llamada 'normativa de anticoncepción'.

El caso se remonta a la disposición de la administración Obama que obligaba a empleadores religiosos a incluir cobertura anticonceptiva en sus seguros médicos, una medida que generó una fuerte oposición por parte de grupos religiosos. Las Hermanitas de los Pobres, una congregación de monjas, presentaron una solicitud de inhibición de emergencia para evitar su aplicación mientras se resolvía su apelación.

El 27 de diciembre de 2013, un tribunal de distrito denegó su petición de suspensión preliminar. Al día siguiente, el Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito rechazó una solicitud de inhibición de emergencia pendiente de apelación. La aplicación de la norma estaba programada para entrar en vigor a medianoche. Fue entonces cuando Sotomayor, como jueza del circuito, recibió la petición de emergencia esa misma noche.

En cuestión de horas, y antes de asistir a la caída de la bola en Times Square en Nochevieja, Sotomayor emitió una orden de una sola página. Sin presentar informes de méritos, argumentos orales ni explicaciones detalladas, bloqueó temporalmente la aplicación de la normativa anticoncepción para las Hermanitas de los Pobres. Esta decisión, aunque breve, tuvo un impacto inmediato y sin precedentes.

El New York Times criticó la medida en un editorial, tachándola de 'perpleja' y 'audaz', ya que los tribunales inferiores habían considerado innecesaria la suspensión provisional. Sin embargo, tres semanas después, el Tribunal Supremo, por unanimidad y sin disidencias registradas, amplió la orden de Sotomayor para proteger a cientos de organizaciones religiosas mientras se resolvía la apelación de las Hermanitas de los Pobres.

Este caso, según Barclay, cumple todos los criterios que algunos analistas aplican al episodio de 2016. Fue una decisión de emergencia sin un proceso completo, basada en una solicitud ex parte y con efectos inmediatos. Además, sentó un precedente que el Tribunal Supremo adoptó poco después, demostrando que el 'shadow docket' ya estaba en funcionamiento años antes de lo que se creía.

«La narrativa que sitúa el nacimiento del 'shadow docket' en febrero de 2016 ignora un precedente claro y documentado de 2013. La acción de Sotomayor no solo fue pionera, sino que su enfoque fue validado por el pleno del Tribunal Supremo poco después», señala Barclay.

La experta en derecho constitucional subraya que este episodio revela una tendencia creciente del Tribunal Supremo a utilizar el 'shadow docket' para decisiones rápidas y sin el debido proceso, especialmente en casos con implicaciones políticas o religiosas. Aunque estas órdenes suelen ser temporales, su impacto puede ser duradero, como demuestra el caso de las Hermanitas de los Pobres, cuya batalla legal se extendió durante años.

Este hallazgo no solo corrige un error histórico en la narrativa judicial, sino que también plantea preguntas sobre el uso futuro de este mecanismo. ¿Estamos ante un sistema que prioriza la celeridad sobre la transparencia y el debate jurídico completo? Barclay deja la pregunta abierta, pero su investigación deja claro que el 'shadow docket' no nació en 2016, sino mucho antes.

Fuente: Reason