Un juzgado avala demanda contra la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Washington por presunta represalia

Un juez federal de Washington ha dado luz verde a una demanda presentada contra la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Washington Tacoma. Según la resolución judicial, el caso puede avanzar tras considerar que existen hechos materiales suficientes para respaldar las alegaciones de represalia contra una estudiante.

La sentencia, emitida por el juez David Estudillo del Tribunal de Distrito Oeste de Washington, se enmarca en el caso Arias v. Univ. of Wash. Tacoma. En su resolución, el magistrado señala que, para los fines de la moción presentada, y tras analizar los hechos controvertidos a favor de la demandante, se determina que la interacción inicial entre la estudiante y el profesor Vern Harner el 20 de abril de 2023 fue «breve».

Durante ese encuentro, la estudiante mencionó su interés en desarrollar un proyecto editorial (zine) centrado en los derechos de las mujeres y mostró a Harner una búsqueda en Google sobre un artículo, aunque aclaró que «no tenía ningún artículo abierto». Harner, según la versión judicial, se limitó a recomendarle que verificara la reputación de las fuentes que planeaba utilizar. En ningún momento le indicó que su idea de proyecto violaba los valores y principios éticos de la profesión de trabajo social.

Horas después, o al día siguiente, Harner revisó lo que creía era el artículo abierto en el ordenador de la estudiante. Según su percepción, el proyecto planeado abordaba «el tema de las personas trans que cometen agresiones sexuales en prisión», una cuestión que Harner consideró llena de «problemas». Entre ellos, destacó la supuesta dependencia de fuentes que, en su opinión, contenían «discursos y argumentos típicos de TERF y de la extrema derecha» (TERF se refiere a feminismo radical transexcluyente).

Harner consultó entonces con la profesora Claudia Sellmaier, compartiendo sus impresiones sobre la estudiante. El 27 de abril de 2023, la estudiante presentó a Harner un borrador de su proyecto zine después de las 11:30 horas. Según el relato judicial, Harner dedicó entre tres y cinco minutos a revisar el trabajo de cada alumno, pero no especificó por qué consideraba que el proyecto de la demandante «atacaba» a personas transgénero ni qué estándares del trabajo social habría incumplido.

La estudiante, según la versión judicial, expresó su confusión al no entender por qué su proyecto no era considerado un «tema de justicia social». La reacción de Harner fue de visible molestia durante la revisión, llegando a levantar las manos y afirmar: «esto ataca a las personas trans». La reunión terminó abruptamente, y aunque la estudiante solicitó reunirse nuevamente con Harner más tarde ese mismo día, este le respondió que no estaba disponible.

Por la tarde, Harner contactó con la decana de la Escuela de Trabajo Social, Keva Miller, para informarle sobre los hechos. Basándose en su relato, Miller recomendó iniciar un proceso de derivación al Comité de Normas Profesionales (PSC). A las 14:12 horas, Harner envió un correo electrónico a la estudiante, cancelando la reunión prevista para esa tarde y derivándola a Sellmaier y a Chris Barrans para cualquier consulta. En el mensaje, Harner calificó el borrador de «perjudicial y no alineado con los valores y principios éticos del trabajo social», adjuntando tres enlaces para que la estudiante los revisara, pero sin explicar por qué consideraba que el proyecto incumplía dichos principios.

Además, Harner le indicó que podrían «analizar la intersección entre los derechos trans y los derechos de las mujeres» cuando la conversación se abordara «de manera adecuada y con buena fe». Sorprendentemente, solo 38 minutos después de enviar este correo, Harner completó y envió un formulario de derivación al PSC, en el que detallaba su versión de los hechos.

La demandante alega que estas acciones constituyen una represalia por expresar su postura crítica hacia ciertas políticas de género, lo que, según su defensa, vulnera sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y a un proceso académico justo. El juez Estudillo ha determinado que el caso puede continuar, abriendo la puerta a un juicio que examinará si la universidad actuó de manera discriminatoria o arbitraria.