Un fallo judicial limita el acceso a la mifepristona por correo

Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU., compuesto exclusivamente por jueces conservadores, ha emitido una orden judicial que revierte temporalmente los cambios regulatorios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 2023. Estos cambios permitían a proveedores de telemedicina en estados con leyes favorables al aborto enviar la píldora abortiva mifepristona por correo a pacientes en todo el país, incluso en estados donde el aborto está prohibido.

La decisión, emitida el viernes por la tarde por el Quinto Circuito de Apelaciones de EE.UU., concede una medida cautelar solicitada por el estado de Luisiana. Con esto, se restablece el requisito de dispensación en persona para la mifepristona, lo que probablemente paralizará a los proveedores de telemedicina que prescribían el fármaco de forma remota.

Impacto en el acceso al aborto

Aunque la sentencia no afecta al misoprostol —el segundo medicamento utilizado junto a la mifepristona—, la restricción tendrá un impacto significativo en las mujeres de los estados donde el aborto está prohibido o severamente restringido. Especialmente en el sur de EE.UU., donde gobiernos estatales han luchado activamente contra el acceso al aborto.

El juez Stuart Kyle Duncan, nombrado por el expresidente Donald Trump en 2017, argumentó en su fallo que la medida de la FDA "causa un daño irreparable" a Luisiana. Según Duncan, la dispensación por correo "anula" la ley estatal que protege la vida prenatal y obliga al estado a gastar fondos en atención médica de emergencia para mujeres afectadas por el uso de mifepristona.

"Cada aborto facilitado por la acción de la FDA cancela la prohibición de Luisiana sobre los abortos médicos y socava su política de que 'todo niño no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción y, por tanto, una persona legal'", escribió Duncan.

Reacciones de organizaciones y autoridades

Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Center for Reproductive Rights, criticó la decisión:

"La telemedicina ha sido el último puente para muchas personas que buscan abortar, y por eso las autoridades de Luisiana quieren prohibirla. Esto no se trata de ciencia, sino de hacer que el aborto sea lo más difícil, caro e inaccesible posible. La telemedicina ha transformado la atención médica. Eliminarla selectivamente para las pacientes de aborto es un bloqueo político".

Por su parte, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, presentó la demanda en otoño de 2023. Argumentó que la decisión de la administración Biden de eliminar el requisito de dispensación en persona fue "arbitraria" y "caprichosa", y que las píldoras abortivas son demasiado riesgosas para ser recetadas de forma remota. Sin embargo, múltiples estudios científicos en todo el mundo han demostrado lo contrario.

Murrill también afirmó que la medida de la FDA fue "declaradamente política", diseñada para eludir la decisión del Tribunal Supremo en Dobbs (2022), que revocó Roe v. Wade. Además, argumentó que interfería con el derecho de Luisiana a regular el aborto según sus propias leyes.

Respuesta de la FDA y el gobierno federal

En abril, el juez federal David Joseph —también nombrado por Trump— suspendió temporalmente la demanda mientras la FDA revisaba la seguridad de la mifepristona. Esta revisión, en curso desde otoño de 2023, ha generado controversia, ya que la propia administración Trump ha expresado preocupaciones sobre los cambios regulatorios, pero argumenta que anular las normas de Biden durante la revisión sería una "intervención judicial" en el proceso de aprobación de fármacos.

El gobierno federal advirtió que una medida cautelar podría ser "innecesaria y disruptiva" si la FDA finalmente decide restablecer el requisito de dispensación en persona.

Contexto político y futuro del caso

La decisión del Quinto Circuito refleja la creciente influencia de jueces conservadores en los tribunales federales, especialmente en temas relacionados con el aborto. Organizaciones pro-derechos reproductivos ya han anunciado que recurrirán el fallo, mientras que los estados con leyes restrictivas celebran la medida como una victoria contra lo que consideran una "imposición federal".

El caso podría llegar al Tribunal Supremo, donde el futuro de la mifepristona y el acceso al aborto en EE.UU. podría definirse en los próximos meses.