El Supremo de EE.UU. analiza si Monsanto debe advertir sobre el riesgo de cáncer en el herbicida Roundup

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha escuchado esta semana los argumentos orales en el caso Monsanto Company v. Durnell, un litigio que podría definir el equilibrio de poder entre los estados y el gobierno federal en la regulación de advertencias sobre cáncer en las etiquetas de pesticidas.

En 2019, el demandante, John Durnell, interpuso una demanda contra Monsanto Co. alegando que desarrolló un linfoma no Hodgkin como consecuencia de la exposición al glifosato, el principio activo del herbicida Roundup. En 2023, un jurado falló a su favor y le otorgó una indemnización de 1,25 millones de dólares, al considerar que la empresa no advirtió adecuadamente sobre los supuestos riesgos cancerígenos del glifosato, pese a que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y otros estudios no han establecido una relación causal entre este químico y el aumento de casos de cáncer.

Monsanto recurrió la sentencia, argumentando que, según la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA), no puede incluir advertencias sobre riesgos no confirmados por la EPA. Por tanto, la empresa sostiene que las demandas como la de Durnell, que se multiplican en tribunales estatales, no deberían prosperar. Sin embargo, algunos magistrados mostraron escepticismo ante este argumento.

Según The New York Times, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, cuestionó si los estados quedarían sin herramientas para actuar en caso de que surgieran nuevas evidencias científicas que la EPA aún no hubiera evaluado. "¿Los estados no pueden hacer nada?", preguntó. Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson indagó sobre cómo se gestionaría la ciencia emergente, señalando que podría "poner en duda la seguridad o eficacia" de un producto, incluso si inicialmente estaba correctamente registrado y etiquetado.

Otros magistrados, en cambio, advirtieron sobre posibles consecuencias negativas. El juez Brett Kavanaugh advirtió que un sistema que obligara a las empresas a incluir advertencias no autorizadas por la EPA podría generar un "problema de debido proceso", donde "la agencia te dice que hagas algo y luego te demanda por hacerlo".

Sarah Harris, subprocuradora general del Departamento de Justicia —que presentó un amicus curiae en diciembre—, argumentó que permitir que cada estado decida sobre los riesgos cancerígenos de un producto crearía un escenario de "caos regulatorio", con normativas contradictorias. El Departamento de Justicia subrayó en su escrito que la uniformidad exigida por la FIFRA otorga a la EPA la responsabilidad exclusiva de determinar qué advertencias son necesarias. "Si los estados obligan a Monsanto a incluir una advertencia sobre cáncer —contraria a los dictámenes científicos de la EPA—, podrían ahogar las advertencias aprobadas por la agencia en un mar de preocupaciones locales sobre salud y medio ambiente", advirtió.

El abogado de Durnell, por su parte, acusó a la EPA de exceder su poder regulador y propuso que los tribunales, especialmente los estatales, asuman un rol más activo en la protección de la salud pública y el medio ambiente. Sin embargo, varios magistrados mostraron escepticismo ante esta propuesta, temiendo que pudiera generar una "telaraña de regulaciones" en todo el país, una preocupación también reflejada en el escrito del Departamento de Justicia.

La decisión, que se conocerá a finales de este año, tendrá implicaciones trascendentales para la industria alimentaria y los litigios por exposición a pesticidas en EE.UU. De fallar a favor de Durnell, los estados podrían ganar mayor autonomía para exigir advertencias no avaladas por la EPA, abriendo la puerta a un aumento de demandas contra fabricantes de agroquímicos. En caso contrario, Monsanto y otras empresas del sector podrían ver reducidas las posibilidades de ser demandadas por supuestos riesgos no confirmados por la agencia federal.