El magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Samuel Alito, ha prorrogado la suspensión administrativa que paraliza la orden emitida por el Quinto Circuito, la cual restringía la prescripción del medicamento abortivo mifepristona mediante telemedicina. La nueva fecha límite se ha establecido para el próximo jueves, coincidiendo con el día en que el Alto Tribunal podría emitir una o varias decisiones en casos ya argumentados.
Pero, ¿qué motiva esta prórroga? Según expertos, los jueces están evaluando cómo proceder con las solicitudes de suspensión presentadas. Entre las opciones que barajan se incluyen:
- Conceder o denegar las peticiones de suspensión, con posibles opiniones individuales de algunos magistrados.
- Examinar si aceptan revisar el caso antes de un juicio definitivo, especialmente tras la división generada por la orden del Quinto Circuito con respecto al Noveno Circuito.
Un factor que complica la decisión del Tribunal es la falta de intervención de la FDA. Normalmente, cuando un tribunal inferior bloquea una acción federal, el gobierno suele solicitar la intervención del Supremo. Sin embargo, en este caso, ni la Agencia del Medicamento ni el fiscal general han presentado alegaciones, lo que sugiere que el Ejecutivo no considera prioritario el bloqueo de la orden del Quinto Circuito.
Esta ausencia de postura oficial elimina un elemento clave en el equilibrio de intereses que los jueces suelen considerar al otorgar medidas excepcionales. Si el criterio principal se basa en las probabilidades de victoria en el fondo del asunto, es probable que la suspensión acabe siendo concedida, salvo que los magistrados opten por aceptar el caso para revisión inmediata.
Los argumentos de Luisiana sobre su legitimación procesal, similares a los planteados en litigios anteriores, resultan débiles bajo escrutinio. Incluso asumiendo que el estado haya demostrado un perjuicio identificable, sigue siendo incierto que este derive directamente de la decisión de la FDA de permitir la prescripción de mifepristona por telemedicina, y aún más dudoso que bloquear la regulación de 2023 suponga una solución efectiva.
Aunque algunos critican que esto podría abrir la puerta a que nadie tenga legitimación para impugnar aprobaciones de fármacos, la realidad es que el Tribunal no ha sido especialmente estricto con las reclamaciones de legitimación estatal en los últimos años. De hecho, limitar esta práctica sería un paso necesario —aunque no suficiente— para reducir la avalancha de peticiones de medidas urgentes en el llamado "docket de sombra".
Mientras, quienes critican el manejo del Supremo de este tipo de procedimientos se enfrentan a una paradoja: por un lado, exigen una orden inmediata que bloquee la decisión del Quinto Circuito, pero, por otro, insisten en que los magistrados expliquen detalladamente sus razonamientos, un proceso que requiere tiempo y la redacción de opiniones fundamentadas.