El Tribunal Supremo de EE.UU. cuestiona el uso de datos de localización por la policía sin orden judicial

Durante los argumentos orales del pasado lunes en el caso Chatrie contra Estados Unidos, el Tribunal Supremo de EE.UU. mostró una postura dividida sobre si la policía puede utilizar datos de localización de teléfonos móviles para identificar a personas cerca de un lugar del crimen sin necesidad de una orden judicial.

En la primera parte de la sesión, los magistrados, incluido el presidente del Tribunal, John Roberts, parecían escépticos ante los argumentos del abogado defensor, Adam Unikowsky, quien sostenía que la Constitución limita el acceso del gobierno a estos datos. Incluso se especuló con la posibilidad de que el Tribunal pudiera debilitar el precedente sentado en el caso Carpenter contra Estados Unidos (2018), que exige una orden judicial para acceder a registros históricos de localización.

Sin embargo, tras la intervención del abogado del Departamento de Justicia, Eric Feigin, la mayoría de los magistrados expresaron su preocupación por las implicaciones de permitir un rastreo masivo sin control judicial. El presidente Roberts advirtió que, de aceptarse los argumentos del gobierno, las autoridades podrían identificar a todos los asistentes a un servicio religioso o a una reunión política, así como acceder a correos electrónicos, calendarios y fotos personales sin una orden.

Estas inquietudes sugieren que el Tribunal podría emitir un fallo restrictivo en el caso Chatrie, reforzando la exigencia de una orden judicial para acceder a datos de localización mediante teléfonos móviles. No obstante, en este caso concreto, la policía sí obtuvo una orden, por lo que el Tribunal podría limitarse a validar su constitucionalidad sin ampliar las protecciones de privacidad existentes.

¿Qué son las órdenes 'geofence'?

El debate se centra en las denominadas órdenes 'geofence', que permiten a las autoridades identificar a las personas que se encontraban en una zona específica en un momento determinado. Empresas como Google y operadoras de telefonía móvil recopilan estos datos, que pueden ser solicitados por la policía mediante una orden judicial.

En el caso Chatrie, las autoridades obtuvieron una orden para que Google proporcionara información sobre los dispositivos móviles que se encontraban dentro de un radio de 150 metros alrededor de una sucursal bancaria en Midlothian, Virginia, durante una hora tras un robo. Este área incluía tanto el banco como una iglesia cercana. Google, que almacena estos datos, entregó la información requerida.

El fallo del Tribunal Supremo podría sentar un precedente clave sobre los límites de la vigilancia estatal y el derecho a la privacidad en la era digital.