Juez federal acusa al DOJ y DHS de coaccionar a Apple y Facebook para censurar plataformas sobre operaciones de ICE

Un juez federal ha determinado que el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos probablemente violaron la Primera Enmienda al presionar a Apple y Facebook para que eliminaran plataformas utilizadas para compartir información sobre las operaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

La sentencia, emitida el pasado viernes, forma parte de una demanda presentada en febrero contra la exfiscal general Pam Bondi y la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. La organización Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) acusó a ambas exfuncionarias de amenazar repetidamente con emprender acciones legales contra quienes difundieran información sobre las actividades de ICE, violando así el derecho a la libertad de expresión.

Aunque Bondi y Noem ya no ocupan sus cargos, la demanda continúa contra sus sucesores. Según la denuncia, dos plataformas fueron eliminadas tras la intervención del DOJ en otoño del año pasado:

• Kassandra Rosado, creadora del grupo de Facebook "ICE Sightings – Chicagoland", con casi 100.000 miembros, dedicado a compartir información sobre redadas migratorias.
• Kreisau Group, LLC, desarrolladora de la aplicación "Eyes Up", que permitía a los usuarios alertar sobre operaciones de ICE.

Ambas plataformas, junto con otras como ICEBlock, fueron retiradas de sus respectivas tiendas de aplicaciones y redes sociales. La eliminación coincidió con declaraciones de Bondi y Noem, quienes habían amenazado con acciones legales contra quienes difundieran información sobre las actividades de ICE.

El juez Jorge L. Alonso, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, consideró que las declaraciones de las exfuncionarias constituían una amenaza implícita contra Apple y Facebook. Aunque no fueron directas, estas declaraciones fueron interpretadas como una advertencia de posibles represalias gubernamentales si las empresas no censuraban dichas plataformas.

En su fallo, el juez Alonso afirmó que "las amenazas veladas como estas son suficientes para demostrar que los demandantes tienen altas probabilidades de éxito en su reclamación". Como consecuencia, el tribunal otorgó a FIRE una orden judicial preliminar para bloquear al DOJ y al DHS de continuar con estas prácticas coercitivas.

La sentencia subraya que, aunque el gobierno no puede restringir directamente la libertad de expresión, puede ejercer presión indirecta a través de terceros, como empresas tecnológicas, para lograr el mismo efecto.