Trump lanza un plan de ahorro para jubilación: ¿solución real o parche electoral?

El presidente Donald Trump y el Congreso estadounidense han anunciado una iniciativa para fomentar el ahorro de los ciudadanos, una medida que, en teoría, debería ser bien recibida. A nivel doméstico, el ahorro es la base de la estabilidad financiera y el motor para una jubilación digna. A escala macroeconómica, los ahorros impulsan inversiones que amplían el capital productivo, elevan los salarios y dinamizan la economía. Una sociedad que no ahorra, en definitiva, está consumiendo su futuro. Por ello, cualquier propuesta política que busque aumentar el ahorro merece ser considerada.

Sin embargo, la solución no pasa por crear nuevos programas gubernamentales, sino por eliminar las barreras que desincentivan el ahorro. Entre ellas, destacan el diseño de la Seguridad Social, que penaliza la acumulación de capital, y un sistema fiscal que grava los ahorros dos veces: primero como ingreso y luego como rendimiento de la inversión. Además, la abultada deuda pública —que amenaza con reactivar la inflación y erosionar el valor de los ahorros existentes— exige una solución urgente.

Pero el plan de Trump no aborda estos problemas estructurales. Su orden ejecutiva ha lanzado TrumpIRA.gov, un portal web donde los trabajadores sin planes de jubilación patrocinados por empleadores podrán contratar cuentas privadas. Algunos incluso podrán acceder a una subvención federal de hasta 1.000 dólares anuales, conocida como Saver's Match. Aunque los detalles son ambiguos, se pueden extraer pistas de un proyecto de ley bipartidista actualmente en el Congreso: la Ley de Ahorro para la Jubilación de los Estadounidenses.

Esta propuesta, respaldada por demócratas y republicanos, plantea la inscripción automática de trabajadores con ingresos por debajo de la mediana nacional en nuevas cuentas de jubilación, junto con aportaciones gubernamentales equivalentes. Según un estudio de RAND Corporation, unos 63 millones de trabajadores serían elegibles para estas cuentas, y 42 millones podrían recibir la subvención. La iniciativa cuenta con apoyo en Wall Street —que vería nuevos clientes—, en el ala progresista —que defiende mayor intervención estatal— y en algunos conservadores, que la interpretan como un paso hacia la privatización de la Seguridad Social.

No obstante, los expertos instan a la cautela. El Saver's Match no es una idea original de Trump: fue creada en 2022 por la Ley SECURE 2.0 durante la presidencia de Joe Biden. La orden ejecutiva del mandatario republicano simplemente acelera su implementación y le da mayor visibilidad. El coste, sin embargo, será elevado. Romina Bocca, del Instituto Cato, advierte en The Washington Post que, si se aplica el modelo de la ley bipartidista, el gasto federal superaría los 9.300 millones de dólares hasta 2032 para trabajadores de bajos ingresos con cuentas ya existentes. Extender la elegibilidad y automatizar las inscripciones dispararía el coste: algunas proyecciones lo sitúan en 285.000 millones en la primera década. Una cifra que se suma a un déficit público ya de por sí insostenible, especialmente ante los 28 billones de dólares en déficit a largo plazo que arrastra la Seguridad Social.

Pero el problema va más allá de la viabilidad fiscal. La principal objeción es que los impulsores de estas medidas malinterpretan el comportamiento de ahorro de los hogares. Décadas de investigación económica revelan un patrón claro: los hogares de bajos ingresos no ahorran por falta de incentivos, sino porque sus ingresos son insuficientes. Programas como el Saver's Match pueden tener un impacto limitado si no se acompañan de reformas estructurales que aumenten los salarios, reduzcan la desigualdad y simplifiquen el sistema tributario.

En lugar de crear nuevos mecanismos de ahorro, los economistas coinciden en que la prioridad debería ser reformar la Seguridad Social para que deje de penalizar el ahorro individual y simplificar el código fiscal, eliminando las dobles imposiciones que desincentivan la inversión a largo plazo. Solo así se podrá construir un sistema de jubilación sostenible y justo para todos los ciudadanos.