El Supremo de EE.UU. dinamita la democracia al avalar el gerrymandering sin límites

La Corte Suprema de Estados Unidos, dominada por jueces republicanos, ha dado un paso más en la erosión de las garantías democráticas al anular una enmienda de 1982 de la Ley de Derechos Electorales que obligaba a ciertos estados a garantizar un número mínimo de distritos legislativos con mayoría afroamericana o latina.

Esta decisión, anunciada el pasado miércoles, ha reavivado la guerra del gerrymandering —la manipulación de los límites de los distritos electorales para beneficiar a un partido— y ya está teniendo consecuencias inmediatas. Luisiana ha suspendido sus elecciones al Congreso hasta redibujar sus mapas para favorecer a más republicanos blancos, mientras que Misisipi y Tennessee preparan sesiones legislativas extraordinarias para modificar sus distritos de manera similar. Alabama también se suma a esta tendencia, con mapas que priorizarán a votantes blancos y republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Los expertos advierten que EE.UU. nunca ha contado con protecciones sólidas contra el gerrymandering, y que la situación se ha agravado desde que el Supremo decidió no intervenir en estos casos. En 2019, en el caso Rucho vs. Common Cause, la mayoría conservadora del tribunal sentenció que los tribunales federales no pueden bloquear los gerrymanders partidistas, lo que ha dado vía libre a los legisladores para manipular los distritos sin temor a represalias legales.

Antes de esta decisión, el Supremo mantenía una ambigüedad estratégica: aunque nunca invalidó un mapa por gerrymandering, dejaba abierta la puerta a hacerlo en casos extremos. Sin embargo, desde 2019, los estados han acelerado la creación de distritos diseñados para maximizar el poder de un partido, especialmente en años electorales.

El contraataque progresista: gerrymandering con sello demócrata

Ante este escenario, organizaciones progresistas ya preparan su propia estrategia para contrarrestar los mapas republicanos con gerrymanders diseñados para beneficiar a los demócratas. Fair Fight Action, grupo fundado por la ex candidata a gobernadora de Georgia Stacey Abrams, tiene un plan para invertir al menos 10 escaños en la Cámara de Representantes a favor de los demócratas y, si las condiciones son favorables, hasta 22 distritos más.

Este movimiento se suma a las batallas de redistribución de distritos ya vividas en estados como Texas, California, Virginia y Florida, donde los republicanos han aprovechado su control legislativo para consolidar su ventaja. La Corte Suprema, en este sentido, comparte responsabilidad por no haber frenado estas prácticas antes.

Un sistema sin frenos

Históricamente, el Supremo ha evitado pronunciarse claramente sobre el gerrymandering. En casos como Davis vs. Bandemer (1986) o Vieth vs. Jubelirer (2004), los jueces advirtieron sobre los riesgos de los mapas partidistas, pero nunca llegaron a invalidarlos. Esta falta de claridad permitió que los estados siguieran manipulando los distritos, aunque con cierta moderación: antes de 2019, los cambios solían realizarse solo cada diez años, tras cada censo.

Hoy, sin embargo, el gerrymandering se ha convertido en una herramienta cotidiana de la política estadounidense. Los donantes adinerados y los partidos aprovechan esta laguna para moldear el Congreso a su conveniencia, sin que exista un mecanismo efectivo para detenerlos. La democracia electoral, en consecuencia, se debilita, y los ciudadanos ven cómo su voto pierde peso en función de los intereses de quienes controlan el poder.