El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido una orden temporal que restablece el acceso a la píldora abortiva mifepristona mediante prescripción por telemedicina y su dispensación por correo postal. La decisión, dictada por el juez Samuel Alito Jr., paraliza temporalmente una sentencia del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que pretendía bloquear el uso de este medicamento en todo el país.
La orden del Supremo llega tras la polémica sentencia del Quinto Circuito, emitida el pasado viernes, que prohibía a los proveedores de telemedicina recetar mifepristona. Esta medida obligó a clínicas, activistas y pacientes a reorganizar sus planes de contingencia durante el fin de semana para garantizar el acceso a la medicación abortiva. Actualmente, casi dos tercios de los abortos en EE.UU. se realizan con pastillas, y cerca del 30% de ellos mediante telemedicina.
La batalla legal contra la mifepristona
El estado de Luisiana presentó una demanda contra la FDA el pasado otoño, argumentando que la decisión de la administración Biden en 2023 —que permitía la prescripción de mifepristona por telemedicina— era «arbitraria», «caprichosa» y motivada políticamente. El fármaco, que forma parte de un régimen de dos pastillas junto con el misoprostol, fue aprobado por la FDA en el año 2000.
Luisiana solicitó a los tribunales inferiores que emitieran una orden de suspensión nacional contra esta norma y que se restableciera el requisito de que las píldoras abortivas se prescribieran y dispensaran en persona. Aunque un juez de primera instancia rechazó esta petición, el Quinto Circuito, integrado por jueces con posturas antiabortistas, falló a favor de Luisiana.
En su sentencia, el tribunal argumentó que la norma de telemedicina «daña a Luisiana al socavar sus leyes que protegen la vida humana no nacida y al obligarla a gastar fondos de Medicaid en atención médica de emergencia para mujeres afectadas por la mifepristona». El fallo, emitido por unanimidad, calificó estos perjuicios como «irreparables».
La decisión del Supremo y su impacto
La orden de Alito concede un alivio temporal a los fabricantes de mifepristona, Danco Laboratories y GenBioPro (este último productor de un genérico), que habían presentado recursos de emergencia el pasado fin de semana. La medida suspende el caso hasta al menos el 11 de mayo.
El juez Alito, conocido por su postura ultraconservadora, fue el autor de la sentencia Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que en 2022 anuló el fallo Roe v. Wade y eliminó el derecho nacional al aborto. La orden emitida este lunes llega casi cuatro años después de que se filtrara la opinión de Dobbs, un hecho que sumió el acceso al aborto en un estado de incertidumbre del que aún no se ha recuperado por completo.
Como se ha señalado en análisis previos, la demanda de Luisiana refleja el malestar dentro del movimiento antiabortista por la persistencia del acceso a las píldoras abortivas en la era post-Roe, incluso en estados con prohibiciones casi totales. Luisiana, por ejemplo, prohíbe el aborto en casi todos los casos, clasifica la mifepristona y el misoprostol como «sustancias controladas» y equipara a los proveedores de abortos con «traficantes de drogas». Sin embargo, cada mes, casi 1.000 pacientes en el estado reciben píldoras abortivas a través de proveedores de telemedicina.
Antecedentes y perspectivas futuras
Este caso guarda similitudes con otro fallo reciente, FDA v. Alliance for Hippocratic Medicine (2024), en el que una coalición de grupos y médicos antiabortistas intentó anular tanto la aprobación inicial de la mifepristona por parte de la FDA como las normas posteriores que flexibilizaron su acceso. En esa ocasión, el Tribunal Supremo falló por unanimidad (9-0) que los demandantes carecían de legitimación activa, al no poder demostrar un perjuicio directo causado por las regulaciones de la FDA. No obstante, la sentencia dejó abierta la puerta a que los estados pudieran presentar demandas contra la agencia.
La decisión del Supremo de este lunes ofrece un respiro temporal a los defensores del acceso al aborto, pero la batalla legal está lejos de terminar. Mientras tanto, millones de mujeres en EE.UU. siguen dependiendo de la disponibilidad de la mifepristona para ejercer su derecho a interrumpir un embarazo de manera segura y accesible.