El Tribunal Supremo de EE.UU.: un giro inesperado contra la preemption corporativa

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, presidido por el juez John Roberts, ha sido objeto de críticas por su supuesta inclinación hacia los intereses corporativos. Numerosos análisis destacan el alto índice de éxito de la Cámara de Comercio ante el alto tribunal. Sin embargo, la realidad es más compleja: en temas clave como la preemption —mecanismo legal que anula leyes estatales en favor de normativas federales—, la tendencia es distinta.

La preemption en el punto de mira

La preemption es un arma legal muy disputada. Las empresas suelen abogar por una interpretación amplia para evitar demandas estatales por daños, mientras que los demandantes buscan mantener la autonomía de los estados para perseguir responsabilidades. En el Tribunal Supremo, sin embargo, las líneas no están tan claras.

El juez Clarence Thomas, defensor del federalismo, ha sido históricamente escéptico ante la preemption excesiva. El juez Neil Gorsuch parece alinearse con esta postura. Por otro lado, los jueces Brett Kavanaugh y, en menor medida, Samuel Alito, suelen inclinarse por una preemption más amplia. Esto deja al presidente del tribunal, Roberts, y a la jueza Amy Coney Barrett como los árbitros decisivos en estos casos.

Lo llamativo es que, a diferencia de otros temas conservadores, aquí no existe una mayoría automática. De hecho, en varias ocasiones, el tribunal ha rechazado la preemption amplia, lo que sugiere un giro hacia lo que algunos expertos denominan un Tribunal Antipreemption.

Tres fallos que confirman la tendencia

1. Hencely v. Fluor Corp: La mayoría rechaza la preemption federal

En este caso, el Tribunal revocó una decisión del Cuarto Circuito y determinó que la ley federal no anulaba una demanda estatal por responsabilidad civil. La opinión mayoritaria, redactada por el juez Thomas, contó con el apoyo de los magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Gorsuch, Barrett y Ketanji Brown Jackson. En disidencia, el juez Alito fue secundado por Roberts y Kavanaugh, una división que refleja las posturas históricas de los jueces en materia de preemption.

2. Montgomery v. Caribe Transport II, LLC: Unanimidad contra la preemption

El Tribunal resolvió por unanimidad que la ley federal no impedía una demanda estatal contra transportistas. La jueza Barrett, autora de la sentencia, desestimó los argumentos de la administración con una frase contundente:

"El texto del apartado (c)(2)(A) controla. Mejor vivir con el misterio que reescribir la ley".

Aunque el juez Kavanaugh, junto a Alito, escribió una opinión concurrente matizando que el análisis de preemption es más complejo, el fallo fue unánime. Un resultado sorprendente, dado que el abogado Paul Clement —conocido por su habilidad ante el Supremo— no logró ni un solo voto a su favor.

3. Monsanto Company v. Durnell: ¿Otro revés para la preemption?

Este tercer caso, también defendido por Clement, podría seguir la misma suerte. Aunque no se espera un fallo unánime, los analistas predicen una victoria de los demandantes por 5-4 o incluso 6-3. En anteriores escritos, se destacó cómo los jueces, incluso los más conservadores, evitan interpretaciones creativas de las leyes para imponer preemption.

¿Qué significa este cambio?

Estos fallos reflejan una jurisprudencia más equilibrada de lo que se suele percibir. Aunque el Tribunal Roberts no es progresista, su rechazo a la preemption amplia sugiere que los intereses corporativos no siempre prevalecen. Para las víctimas de daños, esto podría abrir la puerta a demandas estatales más efectivas. Para las empresas, es una señal de que la estrategia de preemption no siempre funciona.

En un contexto donde la confianza en las instituciones está en entredicho, estos fallos demuestran que el Tribunal Supremo aún prioriza el texto legal sobre los intereses económicos, incluso cuando estos son defendidos por grandes corporaciones.