Un hombre de Carolina del Norte se ha declarado culpable de difundir en internet la dirección particular de un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos con la intención de amenazar, intimidar o incitar a la violencia, según anunció el Departamento de Justicia de EE.UU.

Kyle Andrew Edwards, de 59 años y residente en Alexander (Carolina del Norte), compareció este miércoles ante un tribunal federal y admitió su responsabilidad en el delito de 'doxxing', una práctica que consiste en revelar públicamente información privada de una persona con fines malintencionados.

Según los documentos judiciales presentados durante la vista, entre abril y junio de 2025, Edwards utilizó una cuenta pública en redes sociales para publicar comentarios críticos y amenazantes contra varios magistrados del Tribunal Supremo. Muchos de estos mensajes respondían a amenazas previas realizadas por otros usuarios en la misma plataforma.

Publicaciones con contenido violento

El 27 de junio de 2025, Edwards publicó un mensaje en el que afirmaba que el Tribunal Supremo «debe ser destruido». Dos días después, el 29 de junio, escribió que un determinado juez debería «comprarse túnicas de kevlar», en clara referencia a posibles ataques.

El 8 de abril de 2025, Edwards publicó en su perfil la dirección particular correcta de un juez del Tribunal Supremo. Ese mismo día, también compartió información parcial o histórica sobre los barrios o antiguas residencias de otros dos magistrados. Además, realizó varias publicaciones amenazantes dirigidas a otros jueces, como:

  • Afirmar que la dirección de otro juez no estaba disponible en internet «para evitar que lo asesinaran».
  • Advertir a los magistrados que «piensen de nuevo» si creen que «sus familias están a salvo».
  • Instar a sus seguidores a «arrastrar al Tribunal Supremo por sus túnicas» y convertirlos «en carbón».

En uno de los mensajes más explícitos, Edwards escribió: «convertir a todos estos hijos de puta en carbón».

Contexto legal y excepciones a la Primera Enmienda

Los documentos judiciales señalan que, aunque la publicación de direcciones de funcionarios públicos no siempre está prohibida, la ley federal prohíbe expresamente difundir este tipo de información con la intención de:

  • Amenazar, intimidar o incitar a cometer un delito violento contra el funcionario o un familiar directo.
  • Conocer que la información se utilizará para cometer dichos actos.

Este tipo de disposiciones suelen encajar dentro de las excepciones a la Primera Enmienda en casos de amenazas, incitación o instigación a la violencia.

Edwards será sentenciado el próximo 15 de octubre. El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión en internet y la protección de figuras públicas frente a la violencia.

Fuente: Reason