Líderes indígenas exigen en la ONU el cumplimiento de fallos judiciales climáticos globales

Las comunidades indígenas del Pacífico enfrentan tormentas cada vez más devastadoras, agravadas por el calentamiento de los océanos. En la Amazonía, las operaciones mineras avanzan sin freno sobre tierras ancestrales. En Ecuador, los pozos petroleros siguen en funcionamiento pese a las órdenes judiciales. Ante este escenario, líderes y defensores indígenas reunidos esta semana en la ONU plantean una pregunta clave: ¿Qué se necesita para obligar a los gobiernos a cumplir con los fallos judiciales internacionales que exigen acción climática?

Fallos históricos con escasa aplicación

El año pasado, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva histórica: los Estados que contribuyen al cambio climático deben responder por los daños causados, especialmente en pequeños Estados insulares. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en 2023 una sentencia de amplio alcance, instando a los gobiernos a reducir emisiones de combustibles fósiles e incorporar el conocimiento indígena en sus políticas climáticas. Sin embargo, estas resoluciones chocan con una realidad preocupante: muchos Estados miembros de la ONU prefieren ignorar sus obligaciones climáticas.

Luisa Castañeda-Quintana, directora ejecutiva de la organización Land is Life, subrayó durante el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU que estos fallos no son meros símbolos, sino herramientas de poder.

«Estas opiniones consultivas pueden y deben usarse para fortalecer la defensa de los pueblos indígenas en todos los niveles. Pero para lograrlo, deben ser reclamadas, integradas en los discursos de derechos y llevadas a cada espacio donde se decida su futuro».

Ecuador: avances constitucionales vs. incumplimientos reales

Magaly Ruiz Cajas, miembro del Consejo de la Judicatura de Ecuador, recordó que el país reconoce los derechos de la naturaleza desde 2008. «En Ecuador, la justicia verde no es una opción, es una obligación», afirmó, citando fallos como el de 2011 sobre la contaminación del río Vilcabamba. Sin embargo, los participantes ecuatorianos denunciaron que estas protecciones constitucionales no frenan a las empresas que violan los derechos indígenas.

Juan Bay, presidente de la Nación Waorani de Ecuador, denunció ante el foro que el país incumple tanto las leyes internacionales como las nacionales al no proteger a los pueblos en aislamiento voluntario ni a las comunidades cercanas a pozos petroleros. «Estas acciones son incompatibles con la acción climática y con los derechos de los pueblos indígenas», declaró. En febrero de este año, Ecuador aprobó una ley para acelerar la minería, reduciendo los requisitos de protección ambiental y desoyendo las críticas de organizaciones indígenas y ecologistas.

La paradoja latinoamericana: leyes fuertes, aplicación débil

Albert Kwokwo Barume, relator especial de la ONU sobre pueblos indígenas, identificó este patrón en un informe de 2023: «América Latina y el Caribe presentan una paradoja. Existen marcos legales sólidos, pero persisten fallos en su implementación». Según Barume, incluso los fallos favorables son saboteados por la falta de consulta y la escasa aplicación.

La resistencia no solo proviene de países en desarrollo. Vanuatu y otros doce Estados apoyaron en 2023 una resolución histórica en la ONU para solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre las obligaciones climáticas de los Estados. Sin embargo, potencias como Estados Unidos y China han mostrado reticencias a someterse a estos mecanismos.

¿Qué sigue?

Los líderes indígenas insisten en que los fallos judiciales deben traducirse en acciones concretas. Para ello, proponen:

• Incorporar los fallos en las estrategias de defensa legal a nivel nacional e internacional.
• Exigir consultas previas y vinculantes con las comunidades afectadas antes de aprobar proyectos extractivos.
• Presionar a los Estados para que cumplan con los acuerdos climáticos y las sentencias judiciales.
• Fortalecer las alianzas entre pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil global.

«No podemos esperar a que los gobiernos actúen por voluntad propia», advirtió Castañeda-Quintana. «Debemos usar estos instrumentos legales para exigir justicia climática ya».