ProPublica demanda al Departamento de Educación de EE.UU. por ocultar investigaciones sobre discriminación en escuelas

El Departamento de Educación de Estados Unidos ha dejado de publicar su lista semanal de escuelas y universidades bajo investigación por posibles violaciones de los derechos civiles de los estudiantes. Esta decisión, tomada en enero de 2025, ha generado una opacidad sin precedentes en el seguimiento de estos casos, según denuncia ProPublica.

Durante décadas, la Oficina de Derechos Civiles del departamento mantuvo un registro público actualizado cada martes, permitiendo a periodistas, activistas y familias identificar patrones de discriminación por raza, discapacidad, origen nacional o género. Sin embargo, desde la llegada de la nueva administración, esta transparencia se ha interrumpido.

Jodi Cohen y Jennifer Smith Richards, reporteras de investigación de ProPublica, utilizaban estos datos para verificar denuncias y analizar tendencias. «Recibíamos llamadas con pistas sobre distritos escolares y consultábamos la lista para confirmar si estaban siendo investigados», explicó Cohen. «Era una herramienta esencial para el periodismo de servicio público».

Tras la suspensión de las actualizaciones, las periodistas descubrieron que el departamento había reorientado sus investigaciones hacia casos específicos, como el antisemitismo, la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y supuestas discriminaciones contra estudiantes blancos. Mientras tanto, denuncias por acoso racial a estudiantes negros fueron ignoradas o archivadas sin seguimiento.

Solicitudes de información ignoradas

En 2024, Cohen y Smith Richards solicitaron al Departamento de Educación información detallada sobre las investigaciones en curso, incluyendo registros de acuerdos con universidades y distritos escolares para garantizar el cumplimiento de las leyes antidiscriminación. También pidieron comunicaciones con grupos privados vinculados a estos casos. Aunque el organismo emitió comunicados selectivos sobre algunos procesos, la mayoría de los datos permanecieron ocultos.

Tras meses de espera sin respuesta, ProPublica presentó múltiples solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). Para febrero de 2026, un año después de las primeras peticiones, el departamento no había entregado ningún documento. «No tenemos forma de saber qué tipos de denuncias de derechos civiles está priorizando», denunció la organización.

Demanda judicial por transparencia

Ante la falta de respuesta, ProPublica interpuso una demanda contra el Departamento de Educación. En su defensa, el organismo argumentó ante un juez que aún estaba «evaluando» las solicitudes y buscando registros «potencialmente relevantes». Sin embargo, los plazos legales exigen una respuesta clara, algo que, según ProPublica, no se ha cumplido.

Demandar a agencias gubernamentales no es una opción habitual para medios de comunicación. «Es un proceso costoso, lento y que puede prolongarse durante meses o años, más allá de los plazos habituales de un reportaje», reconoció la organización. A pesar de ello, subrayaron que la transparencia es fundamental para que la ciudadanía pueda exigir responsabilidades a las instituciones.

La demanda busca obligar al Departamento de Educación a cumplir con la ley y proporcionar los registros solicitados. Mientras tanto, la opacidad en torno a las investigaciones por discriminación en escuelas deja a padres, estudiantes y periodistas sin herramientas para vigilar posibles abusos.