Houston aprueba ordenanza que limita la colaboración policial con ICE y enfurece a Abbott

El Ayuntamiento de Houston aprobó hace dos semanas una ordenanza que delimita la colaboración de la policía local con la agencia federal de inmigración (ICE). Según la nueva normativa, los agentes no podrán prolongar una detención tras cumplir su objetivo inicial, incluso si un control de antecedentes revela una orden administrativa civil emitida por ICE.

La medida ha generado un fuerte rechazo por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha amenazado con retirar 110 millones de dólares en subvenciones estatales para seguridad pública si la ordenanza no es derogada. Además, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha presentado una demanda contra la ciudad, argumentando que la normativa infringe una ley estatal que prohíbe a las entidades locales «limitar materialmente» la cooperación de los agentes con las autoridades federales de inmigración.

Sin embargo, el texto de la ordenanza se limita a exigir que el Departamento de Policía de Houston (HPD) cumpla con la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. Según la normativa, durante un encuentro en la calle, los agentes solo podrán detener a una persona el tiempo «razonablemente necesario» para completar el propósito legítimo de la parada inicial o investigación. Una orden administrativa de ICE, al ser de naturaleza civil, no justifica por sí sola una detención, arresto o prolongación del arresto por parte de las fuerzas del orden locales.

La ordenanza establece que, si no existe una sospecha razonable independiente de un delito penal que justifique un arresto o la continuación de la detención, la persona debe ser puesta en libertad.

Esta política, aunque incómoda para ICE, se alinea con lo establecido por el Tribunal Supremo en el caso Rodríguez vs. Estados Unidos (2015). En esta sentencia, el alto tribunal determinó que una detención policial que excede el tiempo necesario para gestionar el motivo de la parada viola la protección constitucional contra registros e incautaciones irrazonables. El caso involucraba a un conductor multado por circular por el arcén de una autopista, cuya detención se prolongó siete u ocho minutos adicionales para que un perro detector de drogas realizara una búsqueda. El Tribunal concluyó que una parada justificada únicamente por una infracción de tráfico se vuelve ilegal si se extiende más allá del tiempo necesario para emitir la multa, a menos que exista una sospecha razonable de actividad delictiva.

El Ayuntamiento de Houston decidió recordar esta regla tras incidentes en los que agentes convirtieron paradas de tráfico en arrestos migratorios. En julio del año pasado, un conductor fue detenido en Houston por tener la matrícula caducada. Tras comprobarse en una base de datos que tenía una orden de inmigración, los agentes contactaron con ICE, que solicitó trasladar al detenido a una comisaría a 32 kilómetros del lugar de la parada. Allí, ICE procedió a su arresto. Un mes después, otro agente de Houston colaboró con ICE para detener a un conductor que había saltado un semáforo rojo, trasladándolo también a una comisaría tras la parada inicial.

En ambos casos, no existía una «sospecha razonable» de actividad delictiva que justificara prolongar la detención más allá de su propósito original.