Nebraska ha sido el primer estado en implementar requisitos laborales para acceder a Medicaid, una medida impulsada por la Ley One Big Beautiful Bill de la administración Trump. Lo más llamativo es que lo hizo siete meses antes de la fecha límite establecida, afectando a unos 70.000 adultos menores de 65 años que dependen de este programa de salud.

Estudios demuestran que los requisitos laborales en Medicaid no aumentan el empleo, sino que generan una carga administrativa que termina expulsando a personas de su cobertura médica. De hecho, la mayoría de los beneficiarios de Medicaid que no reciben ingresos por discapacidad ya trabajan a tiempo completo o parcial, lo que desmonta el argumento de que estas medidas incentivan la inserción laboral.

El Center on Budget and Policy Priorities ha advertido que no hay tiempo suficiente para implementar sistemas menos perjudiciales. Aunque pide la retirada de estos requisitos, reconoce que, de mantenerse, los estados necesitan más plazo para minimizar el impacto en personas elegibles que podrían perder su seguro médico. Nebraska, sin embargo, ha adelantado su aplicación para enero de 2027, lo que agrava la situación.

La falta de claridad en las normas también genera incertidumbre. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., aún no ha publicado la normativa provisional prevista para junio de 2024. Esto deja en el aire cómo se evaluará a personas con enfermedades crónicas o autoinmunes, que podrían ser consideradas "aptas para trabajar" según criterios aún desconocidos. El Departamento de Salud de EE.UU. se limitó a declarar que sigue "comprometido con proteger y fortalecer Medicaid", sin aportar detalles sobre cómo evitará la exclusión de beneficiarios.

Nebraska incluye algunas exenciones, como para personas con enfermedades crónicas o embarazadas, pero la lista es limitada. No se menciona el Long Covid, una condición que puede limitar gravemente la capacidad laboral de quienes la padecen. Según el profesor Edwin Park de la Universidad de Georgetown, "ningún estado podrá proteger adecuadamente a las personas con discapacidad de estos recortes".

La medida ha generado preocupación entre defensores de los derechos sanitarios, que temen un efecto dominó en otros estados. Mientras tanto, la sociedad observa cómo se despliega una de las políticas más controvertidas en la historia reciente de Medicaid en EE.UU.