Empresas de grúa en Connecticut incumplen nueva ley para ayudar a residentes con bajos ingresos

Incumplimientos generalizados de la nueva ley de grúa en Connecticut

Tawana Galberth, líder de una unión de inquilinos y residente en el complejo Sunset Ridge Apartments de New Haven (Connecticut), ha sido testigo de un aumento en los remolques de vehículos desde la formación de su organización. Según denuncian los vecinos, las empresas de grúa están aplicando prácticas abusivas, especialmente en zonas de bajos ingresos, a pesar de una reforma legal aprobada el año pasado para proteger a los residentes con menos recursos.

La nueva ley y sus requisitos

En octubre de 2023, Connecticut aprobó una reforma en su ley de remolques para hacerla más justa con los inquilinos que no pueden asumir los altos costes de recuperar sus vehículos. Anteriormente, muchos coches eran vendidos tras ser remolcados por infracciones menores, como no mostrar el permiso de aparcamiento del complejo o estacionar en un lugar incorrecto.

La nueva normativa exige a las empresas de grúa:

• Notificar a los propietarios antes de remolcar el vehículo por infracciones menores.
• Mantener horarios flexibles, incluyendo atención fuera de horario laboral, para permitir la recuperación del coche.
• Aceptar pagos con tarjeta de crédito y proporcionar cambio si el pago es en efectivo.

Casos concretos de incumplimiento

Elias Natal descubrió una mañana de diciembre que su Buick había sido remolcado desde su plaza en Sunset Ridge Apartments. Según la empresa Lombard Motors, el motivo fue la falta de un permiso de aparcamiento, aunque Natal presentó fotos que demostraban que el distintivo estaba correctamente colocado en el parabrisas, tal como le había indicado el administrador del complejo.

Al intentar recuperar el vehículo, descubrieron que Lombard Motors ya había cerrado y no había nadie disponible para atenderles, lo que generó costes adicionales de almacenamiento. Aunque recuperaron el coche en solo cuatro días, los gastos ascendieron a casi 500 dólares. La empresa exigió el pago en efectivo y, tras abonarlo, se negaron a devolver el cambio correspondiente.

«Después de pedirnos una cantidad desorbitada, negarse a devolvernos el cambio mínimo es simplemente deshumanizante», declaró Natal.

Prácticas abusivas en viviendas sociales

Investigaciones realizadas por Connecticut Mirror y ProPublica durante el último año y medio revelaron que, aunque la nueva ley limita los remolques involuntarios a casos específicos, muchas empresas siguen patrullando zonas de viviendas sociales y remolcando coches por infracciones menores. En Norwalk, por ejemplo, los siete principales focos de remolques corresponden a propiedades de viviendas sociales.

Los residentes denuncian que estas prácticas afectan desproporcionadamente a personas con bajos ingresos, muchas de las cuales dependen de ayudas estatales o federales para el alquiler. Además, la falta de carteles que informen sobre las normas de aparcamiento en estos complejos agrava el problema, ya que muchos inquilinos desconocen las reglas y, por tanto, no pueden evitar las sanciones.

Falta de supervisión y consecuencias

Aunque la ley exige a los complejos de apartamentos colocar carteles que adviertan sobre las normas de aparcamiento, en Sunset Ridge Apartments no se encontraron estos avisos durante las visitas realizadas por los medios. Esto ha llevado a los inquilinos a cuestionar la aplicación real de la normativa y a exigir mayor control sobre las empresas de grúa.

Los casos como el de Natal y su pareja reflejan un patrón de comportamiento en el que las empresas priorizan sus beneficios sobre los derechos de los residentes. Aunque la nueva ley representa un avance, su incumplimiento sistemático demuestra la necesidad de una mayor supervisión y sanciones más severas para garantizar su aplicación.