La manipulación de un precedente histórico: cómo una cita falsa avaló las prohibiciones de armas en 'lugares sensibles'

Un error judicial con raíces en un libro privado

Un artículo publicado en el Journal of Law & Civil Governance de la Universidad Texas A&M ha destapado cómo una cita falsa ha llevado a los tribunales a avalar restricciones de armas en 'lugares sensibles', basándose en una interpretación errónea de la legislación histórica. El estudio, titulado "La manipulación de un precedente histórico: cómo una cita falsa avaló las prohibiciones de armas en 'lugares sensibles'", analiza el impacto de la sentencia New York State Rifle & Pistol Ass'n v. Bruen y su aplicación en casos posteriores.

El caso Bruen y la tradición histórica de regulación

Bruen estableció que la Segunda Enmienda protege conductas cubiertas por su texto literal, exigiendo a los estados que demuestren que sus restricciones se alinean con la tradición histórica de regulación de armas en EE.UU. Para ello, se remite a la comprensión pública en el momento de la fundación del país. Sin embargo, tribunales posteriores han aplicado este criterio de manera cuestionable, especialmente en lo que respecta a las prohibiciones en 'lugares sensibles'.

El precedente de Antonyuk v. James: una base histórica construida sobre arena

En el caso Antonyuk v. James, un tribunal de apelaciones avaló las restricciones de Nueva York sobre la portación de armas en lugares como ferias y mercados. La sentencia se basó en la afirmación de que, durante la época fundacional, Virginia y Carolina del Norte prohibían per se la portación de armas en estos espacios. Sin embargo, el tribunal ignoró un detalle crucial: mientras Virginia penalizaba ir armado "con intención de aterrorizar", Carolina del Norte no incluía este requisito. Aún así, el tribunal sostuvo que la tradición histórica de regulación —basada en el modelo de Carolina del Norte— justificaba la ley actual de Nueva York.

La cita falsa que distorsionó la historia

La clave de este error judicial se encuentra en la manipulación de un texto histórico. En 1792, François-Xavier Martin publicó A Collection of the Statutes of the Parliament of England in Force in the State of North-Carolina, un libro privado que incluía el Statute of Northampton de 1328. Aunque el Tribunal Supremo de EE.UU. advirtió en Bruen que este estatuto "tiene poca relación con la Segunda Enmienda, adoptada en 1791", y que solo se aplicaba a ir armado con intención de aterrorizar, el tribunal de Antonyuk lo citó como si fuera una ley vigente en Carolina del Norte.

La realidad era muy distinta. En 1741, Carolina del Norte promulgó una ley que ordenaba a los alguaciles arrestar a "todas las personas que, a la vista, cabalguen o vayan armadas de forma ofensiva". Además, especificaba que "ningún esclavo podrá ir armado con fusil, espada, garrote u otra arma". Esta redacción se mantuvo en leyes posteriores, al menos hasta 1855. La portación de armas no era un delito por sí misma, salvo si se hacía de manera ofensiva o si la persona era esclava.

Precedentes ignorados y una tradición malinterpretada

El estudio también destaca que el tribunal de Antonyuk pasó por alto precedentes clave de Carolina del Norte. En el caso State v. Huntly (1805), se reconoció el delito común de ir armado para aterrorizar, pero se aclaró que "portar un arma por sí solo no constituye delito". Esta interpretación se repitió en decisiones judiciales hasta 2024.

El error se agrava al considerar que, incluso el juez Stephen Breyer, en su disidencia en Bruen, citó el libro de Martin como si fuera una ley auténtica, afirmando que Carolina del Norte había adoptado casi textualmente el Statute of Northampton. "Resulta increíble que un tribunal haya construido su argumentación sobre una base tan frágil", señala el autor del estudio.

Conclusión: la necesidad de revisar los precedentes

El artículo concluye que tribunales de todo EE.UU. han sido engañados por citas históricas incorrectas, lo que ha llevado a avalar restricciones de armas que carecen de fundamento en la tradición legal histórica. Los autores instan a una revisión crítica de estos precedentes para garantizar que las decisiones judiciales se basen en hechos históricos verificables, no en interpretaciones manipuladas o citas erróneas.